El agrimensor Johnny de Jesús Saldaña Hernández fue arrestado la tarde del jueves mediante la Orden Judicial número 668-2024-SAJP-01122, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata.
Saldaña Hernández está acusado de fraude, falsificación, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y estafa inmobiliaria, en un esquema que buscaba despojar a propietarios de terrenos en diversas zonas costeras y agrícolas sin su conocimiento.
El abogado Rafael Helena Regalado, implicado en el mismo caso, ha sido sometido a un año de prisión preventiva. El Ministerio Público y la Policía Nacional están en la búsqueda activa de otros individuos que se encuentran prófugos por los mismos delitos.
Saldaña Hernández forma parte del expediente acusatorio y, en las próximas horas, el Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva como medida de coerción en el Juzgado de Atención Permanente de Monte Plata.
La orden de arresto también incluye a Ricardo Rafael Elías Soto Subero, Juan Carlos Rafael Helena Rodríguez, Juan Carlos Florián, Federico Enrique Medrano del Giudice, Diomedes Medrano Peña y Miguel Thomas Pérez Ortiz, quien fue arrestado junto a Saldaña Hernández.
Los acusados enfrentan alegaciones de violación a los artículos 145, 146, 148, 150, 151, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, relacionados con la falsificación de documentos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, en perjuicio del Estado dominicano y de ciudadanos particulares.
El Ministerio Público de Monte Plata, en colaboración con la unidad de investigación inmobiliaria de la Procuraduría General de la República, investiga la posible participación de empleados y funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria que podrían estar vinculados con estos grupos criminales, quienes han estado aprobando deslindes y traspasos violando los controles establecidos.
El abogado Amadeo Peralta, consultado sobre el caso, reveló que se están investigando a otros agrimensores, alguaciles, notarios y abogados por su participación en un entramado criminal conocido como “la mafia de Punta Rucia”.
Peralta advirtió que cualquier funcionario involucrado será llevado ante la justicia.
El abogado también hizo un llamado al Estado para que intensifique sus esfuerzos en desmantelar redes de invasores y falsificadores de documentos, que amenazan la seguridad jurídica y las inversiones privadas y extranjeras.
Destacó que un entramado similar en Punta Rucia ha logrado cancelar fraudulentamente títulos de propiedad, despojando a los legítimos propietarios de sus terrenos. El 29 de noviembre de 2013, el Tribunal Constitucional estableció que la propiedad inmobiliaria registrada, amparada en un certificado de título, no puede ser desconocida por acciones particulares ni del Estado, en cumplimiento de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, que protege y garantiza los derechos de propiedad.
